Agricultura, ética y responsabilidad

Javier López-Cepero Jiménez

Doctor Ingeniero Agrónomo

Fotos: Autor - Rincones

 

Izquierda o derecha, blanco o negro, ahora o mañana, sí o no. Diariamente tomamos cientos de decisiones, algunas de manera casi automática y sin darnos cuenta de las consecuencias que pueden tener tanto sobre el planeta que nos acoge generosamente como sobre la vida de personas a las que nunca conoceremos y que viven en lugares que jamás pisaremos. Un ejemplo de ello son las decisiones que se refieren a nuestra alimentación.

 

 

Por desgracia, a veces no hay opciones, no se puede elegir. Millones de personas no pueden decidir con respecto a su alimentación y los ejemplos los tenemos cada vez más cerca. Por eso, los que aún conservamos ese derecho tenemos que ser responsables y plantearnos los efectos de decisiones tan simples como la de elegir lo que comemos cada día. Y esa elección se puede enfocar desde varios puntos de vista, pero consideramos especialmente importantes el lugar de origen del producto y también el sistema de producción mediante el cual se ha obtenido. Un alimento local, cercano, dinamiza la economía más próxima a nosotros, evita que el dinero salga del entorno y por supuesto es responsable de menos gasto de energía (transporte, conservación, empaquetado...) que un producto importado. De igual manera, un producto ecológico se habrá obtenido empleando insumos que no deben ser perjudiciales para el medio ambiente. Aunque todo esto admite muchos matices.

 

 

En este marco, podemos empezar poniendo sobre la mesa (nunca mejor dicho) que lo ideal sería una producción ecológica de origen local. Pero hay mucho que discutir en este campo. Veamos:

 

 

La normativa oficial que regula la producción ecológica en la Unión Europea (Reglamento CE nº 834/2007) apenas hace referencia a la necesidad, dentro de un marco de pensamiento y acción que prime la sostenibilidad, de minimizar el gasto de energía ocasionado por la producción y consumo de los alimentos ecológicos. La única referencia a estos aspectos viene de la frase “la producción ecológica estará basada, entre otros, en el principio específico de tener en cuenta el equilibrio ecológico local y regional al adoptar las decisiones sobre producción”. De esta manera, se da la paradoja de que sea posible alimentarnos al 100 % con productos ecológicos pero que han sido cultivados en los confines del mundo, de forma que para llevarlos hasta nuestro plato se haya gastado una cantidad de energía muy elevada en procesos como transporte, refrigeración o envasado que además va a ser muy superior a la que sería necesaria para alimentarnos de productos locales no ecológicos. Y hay que tener en cuenta que la contribución de cualquier actividad al calentamiento del planeta (o sea, la emisión de CO2 que supone) va a tener cada vez más peso en las políticas de apoyo e incluso en la consideración social. El mismo análisis cabe si pensamos en una ganadería “ecológica” que basa su alimentación en piensos “ecológicos” cultivados y fabricados en lejanos puntos del planeta y transportados desde allí.

 

 

Primero fueron los electrodomésticos. Estamos familiarizados con la etiqueta que define su eficiencia energética, y asumimos que un frigorífico o una lavadora de “clase A” puede tener un precio superior, pero ahorraremos dinero a largo plazo por su menor consumo. Después comenzaron los vehículos, que destacan en su publicidad los gramos de CO2 que emiten por km. Y entonces comienza a variar la motivación, ya que no es tanto el ahorro en el uso como la convicción de estar contribuyendo con menos emisiones al calentamiento del planeta. Pensamos que tal vez haya llegado el momento de tener una consideración similar para los sistemas agrarios. Supongamos una manzana que viene de Chile, en cuya... producción (un maléfico duende hizo que empezara a escribir “fabricac...”) se ha empleado un fertilizante fabricado en Israel y un fitosanitario (seamos benévolos en aras de la simplificación y pensemos que fue sólo uno) fabricado en la India. Esa manzana se recolecta, se mete en una caja de cartón (¿made in USA, tal vez?), y en barcos refrigerados atraviesa el Atlántico hasta Hamburgo o Rotterdam, que son los principales puertos de importación en Europa. Allí se descarga, se almacena en refrigeración, y cuando las circunstancias comerciales lo aconsejan, sale al mercado (podemos incluso considerar que viene a Canarias, o, por qué no, a la isla de El Hierro, con nuevo transporte y refrigeración...) hasta que vamos al supermercado y allí la compramos. Si en el cálculo del precio (del que a buen seguro sólo una mínima parte ha llegado al bolsillo del agricultor chileno) se hubiera incluido el coste ambiental de toda la cadena de producción y distribución, empezando por aquel fertilizante israelita y acabando en el montacargas que lo saca de la última cámara refrigerada, es posible que el importe a pagar se incrementase considerablemente. Sin embargo, un agricultor recoge sus manzanas en la meseta de Nisdafe, entre los pastos ecológicos de la medianía alta de la isla del Meridiano, y el precio que puede obtener por ellas no le compensa salir de su casa al frío húmedo de noviembre.

 

 

Sin embargo, romper esta dinámica no es nada sencillo. No es algo que podamos decidir sobre la marcha en cualquier circunstancia. Apostar y apoyar con nuestra compra determinados sistemas de producción exige una planificación que suele entrar en conflicto con nuestro día a día. No es fácil completar nuestra dieta (y la de nuestra familia) con una alimentación que proceda de mercadillos del agricultor que sólo abren el fin de semana por la mañana, tiendas ecológicas con atípicos horarios diseñados en función de la escasez de oferta y la multifuncionalidad del encargado de abrir y atender, que hace, además, de transportista, agricultor, contable, administrativo... ¿Nos podemos imaginar un bar, o un kiosco de prensa o una peluquería que abriera sólo los martes por la mañana, jueves por la tarde y todo el sábado? Ese negocio estaría condenado a cerrar al cabo de poco tiempo. Estas extravagancias sólo se permiten para estadios y catedrales... Por eso, al consumidor concienciado se le multiplican las dificultades.

 

 

Sin embargo, es la ética y la responsabilidad social de este consumidor la que debe guiar la elección de su alimento y él ha de valorar si su opción debe dirigirse a apoyar al productor de lentejas ecológicas de Canadá (y al envasador, transportista, mayorista y distribuidor que las pone en el punto de venta) o por el contrario adquiere en el mercado unas legumbres que han sido cultivadas y recolectadas a pocos kilómetros. En esta línea, el periódico La Vanguardia del 13 de diciembre de 2006 publicó un interesante estudio titulado “La vuelta al mundo en la mesa”, donde se comparaba una dieta diaria integrada por productos locales y otra constituida por alimentos importados. Sumando los kilómetros recorridos por cada uno de los productos, se concluía que mientras que la dieta local puede alcanzar los 1.580 km en total, la otra puede llegar a 133.600 km, y la elección es tan simple como elegir un yogur de Eslovaquia o Alemania en lugar de un trozo de queso del lugar, o elegir carne congelada de Argentina en lugar de un filete de ternera del Pirineo.

 

 

En respuesta a esta situación, han comenzado a surgir movimientos que intentan evitar estas tendencias procurando una alimentación cercana, como puede ser la “dieta de los 100 km”, que defiende dar primacía en la compra a los productos obtenidos a menos de esta distancia del lugar de consumo. Otro movimiento aboga por una dieta cercana en el espacio pero también en el tiempo (la llamaríamos “dieta de los 15 días”), adoptando una alimentación basada en productos de temporada, con poco tiempo de conservación y mucho más ricos en nutrientes que esos mismos productos consumidos después de meses de almacenamiento, evitando no sólo el gasto de energía sino también los tratamientos de postcosecha que se aplican para prolongar la conservación y evitar la proliferación de hongos o la deshidratación, innecesarios en el caso de consumo inmediato del producto.

 

 

Llevando el caso a nuestras islas, la situación se complica más debido a que se reduce tanto el abanico de productos locales disponibles como las posibilidades de adquirirlos cómodamente. El primer aspecto hace imprescindible una potenciación urgente de alimentos como los duraznos, higos, nueces, almendras, manzanas, castañas... que se producen de manera puntual en el espacio y el tiempo en nuestras islas y que raramente llegan a una mayoría del público, no tanto por su escasez como por su nula valoración en los circuitos comerciales habituales. Respecto a la compra, no nos gusta admitirlo, pero las grandes superficies con su amplio horario y relativamente fácil aparcamiento suponen en muchos casos la única alternativa “sencilla” de compra frente a las tiendas especializadas, fruterías o mercadillos. Repetimos que hace falta un nivel de compromiso muy grande para encajar en el puzzle de nuestro ritmo de vida la coordenada de espacio y tiempo necesaria para acudir a los puntos de venta, digamos, éticamente responsables, cercanos... Claro que podemos calmar nuestra conciencia comprando cereales ecológicos de Italia o un arroz ecológico de la India. Nada más lejos de nuestra intención que juzgar y acusar esos comportamientos; sin embargo, reivindicamos aquí la necesidad de un consumo local y que proceda de sistemas respetuosos con el medio ambiente. ¿Por qué no puede ser? Hay varios factores que lo dificultan. Por ejemplo, se da la circunstancia de que en estos tiempos de complicaciones económicas, regulaciones de empleo y recortes de jornada, hay muchas personas que han “vuelto al campo”, entendiendo como tal la recuperación de terrenos o huertas que se habían abandonado hace años bien por avanzada edad de sus propietarios (los padres o abuelos de los que ahora vuelven a ponerlos en producción) o bien por falta de rentabilidad ya que salía más barato comprar los alimentos que cultivarlos. Hasta aquí, todo parece adecuado y deseable. La paradoja surge cuando analizamos que esa generación que vuelve a producir no lleva ya en su quehacer diario el conocimiento agrario que sí tenían sus mayores, de manera que las técnicas, manejos e insumos aplicados dependen enteramente del grado de responsabilidad del nuevo agricultor, o del técnico que le asesora. Por desgracia, no hay control suficiente sobre los fitosanitarios que se aplican, el respeto al plazo de seguridad, o las cantidades y equilibrios de fertilizantes... La entrada en el escenario de la crisis ha sido tan rápida y profunda que no ha dado tiempo a la adaptación social que requiere un cambio en las actividades, y hemos pasado de ser administrativos, albañiles, camareros, taxistas... a ser agricultores. Y el mercado de insumos es peligroso, ya que es sencillo para cualquier persona encontrar y adquirir abonos y venenos. Sólo algunos de estos últimos requieren para su compra presentar el carnet de aplicador de fitosanitarios; por lo menos eso dice la legislación...

 

 

Es deseable que la Administración asuma esta situación y extienda las loables iniciativas de formación que ya despliega para los agricultores profesionales y de tiempo parcial a estos “recién llegados” que deben ser bienvenidos, pero a los cuales, a la vez, hay que facilitarles los conocimientos y el apoyo necesarios para que el producto de su trabajo, producto local, no olvidemos, no suponga un riesgo para su propia salud, para los demás y para el medio ambiente. Ser agricultor implica una responsabilidad muy seria, ya que se trata de producir alimentos, y no debe considerarse esta actividad como un simple hobby o como un complemento de renta. A nadie se le ocurre abrir una consulta de dentista o una farmacia sin la debida titulación y, lo que es aún más importante, sin la debida formación. Sin embargo, las consecuencias de poner en el mercado un producto alimenticio con un alto nivel de residuos son lo suficientemente graves como para que se tomen en serio estos procesos.

 

 

Y el ejemplo claro lo tenemos muy cerca, en la propia agricultura intensiva de las islas. No cabe duda de que la “revolución verde” de los años 60 no pasó de largo por Canarias, y se utilizaron de manera indiscriminada fertilizantes y fitosanitarios que años después se revelaron como peligrosos contaminantes del medio ambiente. Pero la situación al terminar la primera década del siglo XXI no es la de un campo de batalla o guerra química donde impera la ley de la selva... A lo largo de los años 90 los clientes de plátanos y tomates canarios pusieron sobre la mesa la condición de cumplir una serie de compromisos ambientales que el agricultor profesional canario va implantando de una manera creciente en sus fincas (no hablemos de “explotaciones”, por favor...). Se comenzó por algo obvio, como es el empleo únicamente de productos fitosanitarios autorizados para cada cultivo, y poco a poco se fueron incorporando nuevas exigencias. Por ejemplo, con respecto a la fertilización para evitar contaminación y salinización de suelos, acerca de la seguridad laboral (uso de equipos de protección homologados, almacenamiento de los productos en condiciones adecuadas, gestión de los envases), en cuanto a la trazabilidad (documentar el origen, forma de cultivo, procesado y destino de cada producto), y en relación a la protección ambiental (gestión de los residuos del cultivo y estructuras, buen manejo y almacenamiento de la materia orgánica, recogida selectiva, ahorro de energía...). Todo ello con los correspondientes controles de auditoría por parte de empresas externas, que verifican el cumplimiento de las normas, y la existencia de registros y protocolos de actuación para cada situación. Estos pasos hacia lo que se denomina “producción integrada” son adecuados porque dentro de muy poco tiempo llegaremos a una situación en la que sólo existirán este tipo de producción y la producción ecológica, que no emplea insumos de síntesis química. Y por eso pensamos que la agricultura ecológica de las islas tiene la oportunidad de incorporar la experiencia de otros modelos no ecológicos que han puesto en marcha estas estructuras de garantía. Para ello es imprescindible la organización, la coordinación, el dejar a un lado las rencillas y concentrarse en los intereses comunes, siguiendo el ejemplo de iniciativas ya existentes en otras comunidades, como son las Agrupaciones de Defensa Vegetal o ADV específicas para agricultores ecológicos (todas las ADV que hay en Canarias son de productores convencionales); conseguir que la alimentación de hospitales y comedores escolares sea ecológica; cooperativas de consumidores ecológicos perfectamente vertebradas; participación activa en las asociaciones profesionales agrarias... Estas iniciativas, muy desarrolladas en Cataluña o Andalucía, parecen utopías inalcanzables en nuestras islas del sur... pero hay que luchar por verlas aquí corregidas y aumentadas, ya que en ninguna región se justifica tanto la necesidad de una producción y consumo respetuosos con el medio ambiente como en Canarias.

 

 

Y el problema es que si la producción ecológica no se despierta, ese papel puede ser suplantado por los modelos más cercanos a ella, como la producción integrada. Y no debería ser así. Por más que la aplicación de pesticidas vaya disminuyendo año tras año y aumente el uso de  auxiliares biológicos y productos naturales, por mucho que el compostaje y la aplicación de materia orgánica a los suelos se vayan haciendo cada vez más sitio en estos modelos, no podemos conformarnos pensando que es la evolución natural del sistema y que se va a desembocar espontáneamente en una producción ecológica generalizada. Esto no suele ocurrir, pues una transición así no suele completarse. Debe ser el propio sector ecológico el que inicie el movimiento, atrayendo a los productores más avanzados en estas técnicas. Sin embargo, esto será muy difícil mientras no tome conciencia de su existencia colectiva, más allá de una concepción individualista limitada a la parcela de cada uno. Ya hemos tratado el tema en números anteriores de Rincones del Atlántico, por lo que no incidiremos más en él. Simplemente sería deseable un pequeño esfuerzo de autocrítica por parte del sector de la agricultura ecológica para decidir si nos vamos hundiendo de uno en uno, todos a la vez, o por el contrario estamos dispuestos a trabajar en la construcción de una nave que flote, aguante temporales y competencias y nos vaya llevando a los puertos que decidamos. Es necesario articular ya el modelo de producción local y ecológica asequible a todos los públicos con independencia de localidad, horario y poder adquisitivo.

 

 

En conclusión, hay que cambiar los modelos, los paradigmas y las regulaciones, pero no sólo del consumidor, sino también del agricultor y de la cadena comercial. El alimento es un derecho de todos los seres humanos. El hecho de alimentarse, cotidiano para las minorías favorecidas del primer mundo y algo menos cotidiano en las mayorías de otras regiones, no debe causar al medio ambiente impactos innecesarios. Por supuesto que es utópico creer que “La Solución” está en nuestras manos, pero no es utópico tomar conciencia de que nuestras acciones y elecciones personales tienen un efecto, todo lo pequeño que queramos, pero jamás insignificante.

 

 

Sistemas de agricultura certificada

 

Existen diferentes normativas de cultivo, formadas por una serie de puntos a seguir cuyo cumplimiento da derecho a identificar el producto con una denominación determinada. Así, “agricultura ecológica” hace referencia a un reglamento europeo (834/2007) que regula un sistema de producción sin el empleo de productos de síntesis química. Por su parte, “agricultura integrada” responde a una normativa de las comunidades autónomas (en Canarias existe para plátano, tomate, papa y viña) según la cual el insumo químico se debe emplear siempre bajo criterios técnicos, en la menor medida posible y combinándolo con métodos alternativos (control biológico, uso de materia orgánica). Ambos tipos de agricultura están apoyados por la Unión Europea a través de las “ayudas agroambientales”, pero son mayores para la producción ecológica que para la integrada.

 

Agricultura y cambio climático

 

La causa del calentamiento de la Tierra es la creciente cantidad de CO2 en la atmósfera. Este gas procede de las actividades industriales y transportes. La agricultura puede ser responsable de emisiones (fabricación de abonos, fitosanitarios, material de plástico, refrigeración y transporte de productos), pero también puede contribuir a “secuestrar” CO2 a través de la incorporación de materia orgánica (constituida mayoritariamente por carbono). De ahí el interés de reutilizar los residuos de cultivo y de los procesos ganaderos y agroindustriales –empaquetados, bodegas, fábricas de palets, estiércol...–, volviendo a incorporar ese carbono al sistema en lugar de permitir su emisión como CO2 si se deja descomponer libremente o, peor aún, si se incinera.

 

 

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