Futuro imperfecto

(apunte sobre territorio agrícola, patrimonio y política)

Faustino García Márquez

Arquitecto urbanista

Fotos: Francisco Rojas Fariña - Claudio Moreno Medina - Rincones - Autor

 

Hacía muchos años que no se plantaban parras, pero en medio de la llanada de picón, por fuera del muro de la casa cubierto por la buganvilla y junto a la acequia bordeada de zarzas, estaba la pequeña montañeta con la que soñábamos todo el año. Apenas sobresalía un par de metros y recorríamos su perímetro en diez zancadas, pero era de barro, de barro gris y resbaloso, que se podía transformar cada día en cien formas diferentes.

 

 

Ya no existe. Nuestras figuras de barro, la montañeta entera, sirvieron para entullir la acequia, seca de años. Unos cuantos camiones allanaron el terreno, se llevaron el picón y borraron los recuerdos. El inmenso territorio de la infancia son seis casas, dos calles asfaltadas y unas aceras entre cuyas baldosas todavía pugnan por rebrotar las viejas yerbas.

 

Alrededor, en la isla, también el territorio se nos fue estrechando, encogiendo, mientras crecíamos. No añoramos la miseria, el hambre, la ignorancia, la superstición, la explotación, la dominación, la muerte, pero tenemos derecho a cuestionarnos, al menos, una parte del precio pagado. Tenemos derecho a reclamar la vuelta que nunca nos dieron. Y de eso va este artículo, del precio pagado en el pasado, de las hipotecas del presente y del derecho de nuestros descendientes al futuro.

 

Territorio valioso

 

Hasta hace 50 años, se aprendía a cuidar la tierra como se aprendía a hablar, casi sin darse cuenta, absorbiendo desde la cuna una cultura de siglos. El sabio conocimiento del lugar no era un lujo peculiar, sino una condición para sobrevivir, un legado que cada generación cedía, mejorado, a la siguiente. Incluía el valor productivo del suelo, el respeto al medio de vida, el aprovechamiento más duradero posible. Había que saber conservar o fabricar el suelo, disponer el muro para la cadena, elegir el sitio, la orientación y la forma de la casa, el goro, el alpendre, buscando o rehuyendo el sol, la brisa, la lluvia.

 

No siempre el sabio conocimiento permitía la supervivencia. Si los dioses, siempre tan caprichosos y vengativos, negaban el agua y desencadenaban la hambruna, había que abandonarlo todo durante un tiempo o para siempre, emigrar a otra isla o a otro continente. Y si el cielo estaba de buenas, había que poner en cultivo cada palmo de tierra, inventar cadenas imposibles, fabricar aún más suelo. Pasó, la última vez, tras la guerra de España, cuando el hambre dejó en las laderas una densa geometría de cicatrices horizontales que empiezan a desvanecerse.

 

 

Y así, durante cinco siglos y más, hasta conformar un ingente patrimonio económico, social, cultural y paisajístico.

 

Un buen año, la conjunción casi astral de una serie de factores tecnológicos, económicos y sociales desencadenó un cambio trascendental en las islas. Se había cerrado la emigración, se vivía un boom demográfico insular, se extendía la aviación comercial, maduraban los frutos del estado europeo del bienestar. Y ahí estaba Canarias, suficientemente cerca para compensar el viaje y convenientemente lejos para diferenciar el clima, para dar el imprescindible ligero toque de exotismo que conllevan la insularidad (ya se sabe: paraísos, piratas, naufragios, nativos), el origen volcánico (paisajes tan distintos) y hasta el pasado o presente colonial (según me apuren). La economía de las islas basculó desde la agricultura a los servicios turísticos, desde el interior a la costa. El campo se fue vaciando, envejeciendo, abandonando, por suerte para toda una generación de nuevos canarios, pero no sin costo.

 

Territorio devaluado

 

La brusquedad del cambio y su carácter generacional implicó una profunda devaluación de los valores rurales, un segundo proceso de ocultación y aculturación, sin las dimensiones ni la duración del primero, el que impusieron los conquistadores. La emigración masiva proyectó sobre la sociedad rural sus nuevos paradigmas, los nuevos modos y modelos urbanos. No eran sólo formas sociales, sino materiales y arquitectónicas y, entre ellas, la nueva casa garajera con la vivienda en alto, empenicada cuatro metros sobre un inmenso salón vacío.

 

Los que tuvieron ocasión de interesarse en aquellos años por la arquitectura popular rural saben lo que costaba romper la actitud defensiva y poder entrar a conocer la vieja casa, la casa cueva. Sólo entonces afloraba lento el orgullo reprimido y surgían las historias sobre la construcción cuarto a cuarto, hijo a hijo, alrededor del patio y la latada, recordando los nombres, los caminos, los molinos, las acequias, las eras, las descamisadas, los bailes, la vida.

 

 

El crecimiento urbanístico desencadenado por el desarrollo turístico y las migraciones internas se aprovechó, desde un primer momento, de la devaluación económica y social del medio rural. En aquel entonces, los indicadores básicos del desarrollo eran el consumo de cemento y acero; podía haberlo sido también el consumo de suelo, pero para la legislación y la práctica expansionistas de aquellos años, el suelo rústico no era sino un residuo que quedaba tras clasificar el urbano y el urbanizable, un residuo destinado a constituir, de hecho y cada vez más, un suelo de reserva urbana, en el que tenían y tienen sitio, a un menor coste, las infraestructuras, pero también los equipamientos y hasta las viviendas de protección que la ausencia de gestión pública del suelo dejaban y dejan sin previsión de terrenos adecuadamente situados y clasificados. Los ciudadanos, por idénticas razones, también aprovecharon y aprovechan la previa propiedad o el menor precio para construir allí la vivienda que la iniciativa pública no les ofrecía ni tenían capacidad de adquirir en el pueblo o la ciudad.

 

Territorio devorado

 

Los principales núcleos de población se habían situado, tras la conquista, junto a las mejores vegas agrícolas de las islas, por lo que el acelerado proceso de urbanización y edificación afecta, fundamentalmente, a las mejores tierras productivas. El suelo agrario desaparece bajo las grandes autopistas y la expansión de las ciudades o es destrozado por el intenso y difuso proceso edificatorio que tiene lugar en las periferias urbanas y en buena parte de las medianías. La actividad agraria no cabe en los intersticios de un territorio construido ni puede competir con los usos inmobiliarios en perspectiva. El suelo adquiere un precio inalcanzable para los agricultores y los cultivos son abandonados como consecuencia del proceso o como estrategia para provocar o facilitar el tránsito hacia una próxima clasificación urbana o urbanizable.

 

 

La afección al suelo productivo ha sido clara: mientras la población se multiplicó por 3’5 entre 1940 y 2008, pasando de 680.000 a casi 2.400.000 residentes, incluidos los turistas diarios, la superficie cultivada se redujo a menos de un tercio. Y el proceso continúa: la superficie agraria útil descendió de 93.220 hectáreas en 1990 a 73.050 en 20001 y la superficie cultivada se redujo de casi 60.000 hectáreas en 1989 a poco más de 47.000 en 19992.

 

El consumo se ha acelerado en los últimos tiempos. Según un estudio realizado por la empresa pública Grafcan S.A., en los 15 años transcurridos desde 1987 hasta 2002, el suelo realmente ocupado por la edificación, la urbanización y las infraestructuras aumentó un 22 % en Gran Canaria, un 50 % en La Gomera, un 52 % en Tenerife, un 60 % en Lanzarote y un 170 % en Fuerteventura. Es decir, el suelo construido en Tenerife en 15 años supone más de la mitad del suelo que había sido ocupado en los 500 años anteriores, y en Fuerteventura, en este mismo período, casi se ha triplicado el suelo construido desde la llegada de los normandos, a principios del siglo XV.

 

 

No es un problema de presión demográfica, sino de especulación inmobiliaria: en esos mismos quince años, las poblaciones de Tenerife y Fuerteventura crecieron, aproximadamente, la mitad que su consumo de suelo, un 26 % y un 90 %, respectivamente. El despilfarro ha aumentado con la utilización de tipologías extensivas, como las urbanizaciones de adosados, que consumen entre 3 y 5 veces más suelo por vivienda que entre medianeras o en bloques, o con la nueva e imaginativa modalidad de promociones inmobiliarias de viviendas unifamiliares extensivas en suelo rústico, desarrollada en Fuerteventura bajo la forma de asentamientos “rurales” de nueva planta, desconocida en la legislación canaria pero amparada por una disposición del Plan Insular vigente y complacientemente asumida por los ayuntamientos de la isla, que han admitido su directa aplicación en contra de las disposiciones de sus propios y no menos vigentes planes generales.

 

Entre las infraestructuras, a las que aún falta por añadir el primer tren, el segundo puerto, la tercera pista y el cuarto carril, es la red viaria la mayor consumidora, por su enorme poder fragmentador y su extensa dimensión superficial, que un estudio financiado por la Consejería de Infraestructuras estima, incluyendo las zonas de servidumbre y afección y sin contar la red municipal, en más del doble de todo el suelo ocupado por la edificación residencial3.

 

 

Territorio complejo

 

La destrucción de suelo agrario no termina en la pérdida de un recurso natural, de una capacidad productiva y de una actividad económica. La actividad agraria es el soporte de un extenso sistema en el que se interrelacionan numerosos elementos, de carácter ambiental, económico y social, comenzando por el mantenimiento del suelo frente a la erosión, el favorecimiento del ciclo del agua y la continuidad de una amplia serie de procesos vitales que dependen de la conservación de ecosistemas y de especies silvestres, cultivadas o criadas, cuya reducida dimensión las hace particularmente vulnerables.

 

 

Pese a las estadísticas, la actividad agraria continúa teniendo relevancia económica y empleando a casi el 3 % de la población activa, además de constituir la segunda actividad económica de otras 20.000 personas. Es el soporte de una población que sustenta y conserva, aunque debilitada, una cultura rural que sigue constituyendo un referente y gozando de un alto atractivo social que tiene, también, su lado oscuro: como en la paradoja ecológica, en la que el urbanita ansioso de disfrutar de la naturaleza se acerca (motorizado) a ella y se implanta (edificando) en ella, logrando así dañar irremediablemente el objeto de sus ansias, también la atracción del imaginario cultural campesino canario causa un sensible daño al medio agrario insular, al impulsar su ocupación y transformación en un territorio confuso e improductivo.

 

Pero la actividad agraria, al mismo tiempo, produce frutos intangibles o, mejor, no remunerados, entre los que toca aquí destacar un paisaje particularmente valioso como marco escenográfico del turismo y, sobre todo, como referencia de la identidad canaria, relación remarcada desde Cairasco de Figueroa a Manuel Padorno, de Viera y Clavijo a Millares Torres. Un paisaje del que forma parte esencial el patrimonio arquitectónico y etnográfico que generó la actividad productiva, con tozuda homogeneidad plástica, en forma de senderos, paredes, eras, pozos, acequias, cantoneras, alpendres, goros, almacenes y, sobre todo, cuevas y casas, casas funcionales, modulares y orgánicas, de una emocionante variedad y de una aparente sencillez enriquecida por la particular creatividad de los artesanos locales, plasmada en la piedra, la madera y el barro de cada lugar.

 

La producción agraria es el eje de ese complejo sistema, en un archipiélago tan poco sostenible que, según el Ministerio de Medio Ambiente, necesitaría hoy tener 73 islas y 77.000 km2, en lugar de 7 y 7.400, para producir lo que consume y absorber lo que desecha4. Y la producción de alimentos constituye, justamente, uno de sus puntos más débiles, junto con la producción energética. Pero una cosa es que no podamos ser autosuficientes y otra que nuestra dependencia externa no haya dejado de aumentar en los últimos años: importamos el 80 % de la carne que consumimos, más del 90 % de la leche y casi el 100 % de los cereales. Del exterior llegan también el 25 % de los huevos, el 40 % de las hortalizas y legumbres y el 70 % de la fruta5. Y ello, pese a las ayudas europeas del POSEI, o gracias a la aplicación que hacemos de ellas, empleando casi el 60 % en subvencionar productos de importación, en lugar de dirigirlas decididamente a la potenciación de las producciones agrarias insulares, tal como hacen Azores, Madeira y los departamentos franceses de ultramar, que destinan a tal fin más del 75 % de dichos fondos6.

 

Territorio desprotegido

 

Ni la sociedad ni los poderes públicos han asistido impasibles al proceso, pero la pérdida de una cultura rural tradicional sólo podía ser sustituida con normas; normas que se enfrentaban a la complejidad del medio rural y que procedían de una cultura centrada durante siglos en la proyección y construcción del medio urbano.

 

 

A partir de 1985, con la primera Ley de Medidas Urgentes, Canarias fue desgranando una serie de normas que tenían por objeto único o compartido la ordenación y protección del territorio rural. En esta dirección van la Ley del Suelo Rústico de 1987, las leyes de Espacios Naturales de 1987 y 1994, el Reglamento de Contenido Ambiental del Planeamiento de 1995, la Ley de Ordenación del Territorio de 1999 y las Directrices de Ordenación General de 2003.

 

A la vista de la situación, no puede calificarse el resultado de estas leyes y de los planes derivados de ellas sino como muy limitado, si no quiere hablarse, pura y simplemente, de fracaso. Fracaso que suele achacarse, en primer lugar, a la complejidad de la norma, su rigidez o su supuesta profusión. Por desgracia, el perfeccionismo e inflexibilidad de legisladores y planificadores no es producto de la ignorancia, sino de la certeza en la falta de voluntad para aplicar la norma y la acreditada habilidad para tergiversarla mediante la interpretación imaginativa y complaciente. ¿Quién se atreve a simplificar la norma cuando el responsable político de turno pregunta pública y retóricamente en qué artículo de la ley dice que una entidad de población tenga que estar poblada o qué disposición impide que una determinada extensión de mar pueda clasificarse como suelo urbano?

 

 

También cabe imputar el fracaso a la falta de cultura territorial y la escasa voluntad pública de adquirirla y cimentarla. Las innovaciones en materia de territorio penetran muy lentamente en la conciencia social, pero se diluyen inmediatamente cuando se suceden las incoherencias, las modificaciones, las amnistías y las contradicciones entre acciones y declaraciones.

 

Ambas causas hunden sus raíces en la corrupción, en su versión más común: la sustitución del interés general por el interés personal o partidario de la perpetuación en el poder. Demasiadas decisiones territoriales, tanto a nivel legal como de planeamiento, se adoptan desde el clientelismo electoral, el caciquismo local y la corta perspectiva de la legislatura, sin contar con las que obedecen y favorecen a muy concretos intereses económicos. El periódico y continuo afloramiento de la corrupción territorial, en sus modalidades más duras y descarnadas, apenas descascarilla la fachada y, por más polvo que levante, no conduce al cuestionamiento, revisión ni remoción de las bases del sistema que propician esta pertinaz calamidad.

 

Ambas causas, y la corrupción por añadidura, se ven favorecidas por la ausencia de una política territorial agraria y de una legislación canaria protectora del suelo agrario. La actividad administrativa se centra en la subvención a los cultivos de exportación y a los productos de importación, y la labor protectora se ha encomendado al planeamiento insular y municipal, en el que predominan perspectivas desarrollistas que chocan directamente con la protección del suelo agrario.

 

Como consecuencia, la legislación ad-quiere un carácter ceremonial. No hay necesidad de cumplir sus incómodas disposiciones: basta seguir el ritual y mostrar o nombrar periódicamente el texto sagrado. Y así puede continuar indefinidamente el pillaje.

 

 

Territorio saqueable

 

Pero si algo va mal, puede empeorar. El gobierno regional, que mantiene paralizado desde 2003 el desarrollo de un modelo territorial más sostenible para Canarias, ha impulsado la nueva Ley 6/2009, de Medidas Urgentes7, que supone un retroceso de más de 20 años en la ordenación y protección del suelo rústico, en general, y del agrario en particular. No cabe en un artículo divulgativo realizar una disección detallada de estas medidas; baste señalar tres con capacidad de destrucción masiva: la introducción de equipamientos turísticos en espacios naturales protegidos, el fomento de la demolición y sustitución del patrimonio cultural edificado y la permisividad de usos, instalaciones y construcciones en el suelo rústico de protección agraria.

 

La Ley de Medidas Urgentes legitima los planes territoriales turísticos de las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro para establecer equipamientos turísticos en espacios naturales protegidos8. Esta medida, dirigida a la habilitación de un campo de golf (y sus correspondientes camas) en el paisaje protegido de Tamanca (La Palma), supone la ruptura de uno de los escasos y principales tabúes proteccionistas aún subsistentes: la exclusión del negocio inmobiliario en los espacios naturales protegidos; significa el espaldarazo legal a la desprotección de estos espacios, con su apertura a equipamientos que son grandes consumidores de suelo incompatibles con los valores que justificaron su protección por ley.

 

En segundo lugar, la ley introduce la posibilidad de que las construcciones que integran el patrimonio rural con valor etnográfico y arquitectónico, que tanto la Ley del Territorio como la de Patrimonio Histórico pretendían conservar mediante su rehabilitación con destino incluso residencial, puedan ser también objeto de completa demolición y reconstrucción9. La adición de la posibilidad de reconstrucción total o parcial, previa demolición “en más de un 50 %” (evidentemente, sin límite hasta el 100 %) condena a muerte a buena parte del patrimonio edificado que aún subsiste: las características arquitectónicas de dicho patrimonio, su fragilidad estructural y los costes de las obras de rehabilitación propiciarán su desaparición y sustitución por remedos de nueva construcción.

 

 

En cuanto al suelo rústico de protección agraria, la ley amplía el concepto de actividad agraria, incorporando todos los usos que permitan la obtención de rentas complementarias10, incluidos los comerciales o industriales, que, aunque estén vinculados a la actividad, pueden y deben localizarse en el suelo urbano o en los asentamientos rurales, evitando tanto la ocupación como las tensiones inmobiliarias que tales actividades producen en el suelo agrario.

 

Además, deja en manos de los ayuntamientos toda una serie de construcciones y edificaciones pretendidamente agrarias, algunas de notable entidad e impacto, como cuartos de aperos y almacenes de hasta 40 m2 construidos, eliminando el control supramunicipal que constituía, desde 1987, uno de los invariantes de la legislación canaria del territorio11. La experiencia, sobradamente conocida, es que los controles supramunicipales no constituyen exorcismo suficiente contra la inquietante aparición de cuartos de aperos con dormitorios, cocina y baño; pero más conocida aún, incluso a niveles judiciales, es la propensión de demasiados ayuntamientos a no ejercer control mínimamente suficiente sobre las construcciones de sus vecinos en suelo rústico.

 

También permite la nueva ley usos incompatibles con la actividad agrícola, como las instalaciones de energía fotovoltaica12, o totalmente impropios del suelo agrario, como dotaciones y equipamientos docentes, educativos, sanitarios y sociosanitarios13, que tienen su localización idónea en el suelo urbano o urbanizable, en proximidad a los usuarios y sin crear una mayor dispersión territorial, generadora de una movilidad insostenible. Volver a permitir la localización en suelo rústico de colegios privados (con nombres y apellidos) o públicos, volver a esconder en suelo rústico las residencias donde almacenamos a nuestros ancianos, es volver a usar el suelo rústico como el reservorio barato, el patio trasero de nuestras ciudades.

 

Y como no era suficiente, también abre la ley la posibilidad de implantar urbanizaciones industriales en suelo rústico14, en abierta contradicción con la propia condición del suelo no urbanizable que caracteriza a la legislación española desde 1956.

 

 

Con la cínica excusa de la crisis económica, del impulso a la actividad agraria y de la sostenibilidad, se retorna, a todo trapo, a la más rancia política de fomento de la especulación y la depredación del suelo rústico, a la que se suma, con no menor cinismo, despliegue de velas y capacidad de daño, el reforzado impulso a las viejas y nuevas infraestructuras pesadas de transporte por tierra, mar y aire, tan poco generadoras de empleo pero tan rentables, ellas.

 

Territorio futuro

 

La historia va, justo, en dirección contraria. La crisis económica, la crisis energética y el cambio climático plantean la exigencia y la oportunidad de un cambio integral, de una transición ordenada hacia una economía, un bienestar y un entorno más duraderos. Para lograrlo, Canarias dispone de las ventajas de su nivel económico y tecnológico, de un capital humano altamente capacitado y de una singular renta de situación, al pertenecer a dos espacios geoeconómicos diferentes, Europa y África, y disponer de unas condiciones territoriales y climatológicas que le permiten servir de laboratorio impulsor del proceso de innovación y cambio, dentro y fuera de las islas.

 

 

En este dinámico y crítico marco, el sector agrario adquiere una enorme dimensión estratégica. Tiene la oportunidad de modernizarse y fortalecerse, intensificar la producción destinada al autoabastecimiento, rebajar la tasa de dependencia exterior y los crecientes costes del transporte y, así, reducir la vulnerabilidad de las islas ante un futuro con mayor probabilidad de epidemias y fenómenos meteorológicos extremos. Y todo ello, contribuyendo a la preservación de nuestra biodiversidad y al mantenimiento del suelo, el paisaje, la población y la cultura rurales.

 

La investigación y la formación tienen capacidad de impulsar una agricultura y una ganadería a prueba de clima, orientada hacia especies más resistentes, con la utilización de métodos, maquinaria y prácticas más eficientes, con una mejor cualificación y dignificación de las profesiones agrarias. Y todo ello puede ser desarrollado aquí y exportado a otros ámbitos, ayudando a otros pueblos y a nosotros mismos.

 

Las infraestructuras ambientales y sociales son la alternativa a las que actualmente arrasan y fragmentan el territorio, con la ventaja añadida de una mayor capacidad de empleo. Infraestructuras para la defensa de los suelos contra la erosión y la desertización, para la potenciación del ciclo del agua, para el reciclaje de los residuos, para la recuperación y regeneración de los paisajes; pero también para la construcción de viviendas y de servicios, equipamientos y telecomunicaciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en el medio rural.

 

Con todo, el eje básico habrá de ser una política agraria definida y comprometida, que potencie la producción local frente a las importaciones y mejore la comercialización, pero también que proteja estrictamente el suelo agrario, de una vez, y facilite el acceso a las tierras de cultivo.

 

Se trata de generar riqueza, empleo y bienestar social duraderos; de reducir los peligros y costes de la dependencia exterior; de conservar la biodiversidad, el suelo, el paisaje y, sobre todo, de favorecer a la población rural, su cultura y su patrimonio. No es un sueño, es una necesidad ambiental, social y económica, que nos obliga también a tomar la podona y segar algunas normas y modos de gobierno, miopes e interesados, que todavía se empeñan en devolvernos al pasado, en impedirnos avanzar. No es una utopía, es un mandato de las generaciones futuras que, como dijo Karl Marx, son las únicas propietarias de un territorio que a nosotros sólo nos cabe administrar y mejorar.

 

 

Notas

1 Eurostat, citado en Barrera Vera, Beatriz; Segura Cebada, Fernando. “Impacto de las medidas agrícolas del POSEI 1993-2006”. Hacienda canaria, nº 24 (2008), pp. 99-109.

2 Censos agrarios INE, elaboración ISTAC.

3 Hernández Luis, José Ángel. Tendencias de la movilidad terrestre en Canarias. Las Palmas de Gran Canaria: Anroart, 2007, p. 228.

4 Ministerio de Medio Ambiente. Análisis preliminar de la huella ecológica en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 2007.

5 Nuez Yánez, Juan S.; Redondo Zaera, Manuel. “La balanza agroalimentaria de Canarias”. Hacienda canaria, nº 24 (2008), pp. 49-80.

6 Ibidem, p. 74.

7 Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo. Boletín oficial de Canarias, nº 89 (12 de mayo de 2009).

8 Ley 6/2009. Disposición Adicional Quinta, aptdo. 3.

9 Ley 6/2009. Arts. 4.7 y 11.4.

10 Ley 6/2009. Art. 4.1.

11 Ley 6/2009. Art. 4.2.

12 Ley 6/2009. Art. 4.4.

13 Ley 6/2009. Art. 4.5.

14 Ley 6/2009. Art. 6.1.

 

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