Dudas y certezas sobre el sector agrario
orientado al mercado local

Manuel Redondo Zaera

Economista y Técnico de COAG-Canarias

Fotos: Francisco Rojas Fariña - Imeldo Bello Baeza - Rincones

 

“De vuelta con la crisis”, como me diría un buen amigo. Pues sí, los cambios en los paradigmas y en las verdades absolutas que ha traído el trance que estamos padeciendo desde hace ya dos años, también han tenido consecuencias sobre la mirada que desde el resto de la sociedad se lanza al sector primario. Soberanía alimentaria, vuelta al campo como consecuencia de la crisis, impulso de la actividad agraria como vía para diversificar la economía... En la difícil coyuntura actual son numerosas las referencias a este sector, visto en muchos casos como respuesta al enigma de la recuperación y al cambio de modelo.

 

Sin embargo, en la medida en que se desea que el sector alcance un mayor protagonismo y recupere un papel más activo, son igualmente numerosas las dudas que surgen sobre si, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla esta actividad y el mosaico de características y realidades que la condicionan, podría en el momento actual asumir el reto de “tirar del carro”. Y es que cuestiones como su actual estructura y organización, su evolución más reciente o la interrelación de los productores con el resto de agentes que participan en lo que se ha denominado el ciclo de venta del producto –que en suma vienen a ser todas las manos por las que ha pasado hasta que el consumidor lo almacena en su casa–, posan numerosos interrogantes sobre las capacidades presentes y futuras del sector. De hecho, la actual situación supone una oportunidad para analizar qué esta pasando para que el agro haya ido perdiendo peso de manera progresiva, y para encontrar las teclas que le permitan reinventarse y recuperar su sitio.

 

 

Lo que se pretende en el presente artículo es evaluar el estado actual del sector agrario de las islas, y en concreto aquél cuyas producciones se cultivan y comercializan en el propio archipiélago, destinadas a alimentar a la población isleña y conocidas como de mercado interior. El objetivo es entender qué ha sucedido en los últimos años en este sector, encontrar las claves del porqué de esta evolución y plantear algunas reflexiones sobre hacia dónde se deberían reorientar criterios y reglas de juego para que un sector que ha sido tildado de estratégico, vital y prioritario en todos y cada uno de los manuales del buen gestor público, abandone el lugar marginal y sombrío en el que las estadísticas, que en este caso parecen no mentir, lo han situado. Sin embargo, y con el objeto de no diluir el análisis en un número incontable de causas y consecuencias, nos centraremos en intentar entender en qué contexto se producen los bienes agrarios en las islas y en qué condiciones se comercializan, describiendo a los participantes en la fase de venta de los productos y las reglas del juego.

 

Para ello, abordaremos inicialmente el estado actual del mercado agroalimentario en las islas, conociendo un poco mejor quiénes son los que producen los bienes agrarios (que identificaremos con la oferta) y quiénes los que los adquieren (que en este caso serán tanto las entidades de distribución como los consumidores finales, y que agruparemos bajo la demanda), así como en qué términos se produce su relación. Cabe reseñar que son infinitas las vías de comercialización de un producto agrícola y ganadero, algunas de las cuales suponen la aparición de numerosos intermediarios en la cadena de venta, que incrementan el precio final sin beneficio alguno para el productor y el consumidor. Por ejemplo, para la venta de hortalizas en las islas, uno de los sistemas habituales es que el agricultor le venda a un agente comprador (el gangochero o intermediario), que éste, a su vez, le venda a alguna de las empresas presentes en los “mercas” (los que podríamos definir como mercados de destino, caso de Mercatenerife o Mercalaspalmas), que a su vez le vende a un detallista o tienda minorista, y que, finalmente, ésta le venda al consumidor final. A este esquema básico hay que sumarle, igualmente, los costes de los diferentes transportes y manipulaciones del producto, además de otros intermediarios que de forma habitual surgen en la cadena. Sin embargo, en el caso de este artículo y con el objeto de facilitar el análisis, se ha decidido simplificar el complejo esquema comercial existente en algunos casos, en los que el producto pasa por varios intermediarios antes de su venta al consumidor, centrándonos en la interrelación entre el productor, las entidades de distribución y el consumidor final.

 

 

Posteriormente, y con objeto de añadir más elementos a esta visión general sobre las producciones de mercado interior, haremos una breve mención del marco general de ayudas y apoyos que reciben los productores. Esta reseña se realiza desde la evidencia de que los sistemas de ayuda y apoyos públicos condicionan el avance o el estancamiento de las actividades y los sectores. Para finalizar, se pretende poner sobre la mesa algunas propuestas que, a mi juicio, deberían marcar las pautas a seguir por parte de administraciones, productores, consumidores y el resto de participantes en el circo agroalimentario para que el sector pueda hacer frente a todo aquello que la sociedad parece requerirle.

 

Como primera toma de contacto con la estructura del mercado de productos agrícolas y ganaderos en las islas, vamos a mostrar a través de unas gruesas pinceladas la tendencia seguida por la oferta y la demanda. Así, de manera global y tras un somero análisis de los datos, llama la atención cómo el sector agrario del archipiélago ha ido perdiendo fuerza de manera paulatina, reduciéndose su peso en el PIB total de las islas (del 5 % en 1985 al 1’13 % en 2008, lo que supone una caída del 77 % en apenas veinte años) y dentro del empleo (cayendo del 11’5 % de 1985 al 3’1 % de 2008). Este proceso, cuyo punto de partida se puede situar en la década de los sesenta, refleja la desagrarización de la sociedad de las islas y el ciclón urbanizador que, bajo el avance del turismo, ha venido a poblar de cemento zonas que antaño fueron de cultivo. De manera particular, se percibe esta caída en las producciones destinadas al autoabastecimiento, menos auxiliadas por las administraciones, con escasa consideración social y ahogadas por la competencia desigual por el suelo y el agua con sectores con mayor peso específico en los procesos de toma de decisiones políticas en el archipiélago. El efecto directo y general de esta tendencia ha sido la reducción de la oferta de productos agrarios cultivados por los productores canarios.

 

 

Sin entrar a valorar aún cómo se estructura la demanda en las islas, sí podemos iniciar su análisis haciendo referencia a datos generales. Las estadísticas sobre población de las islas muestran que ésta se incrementó el 24’1 % entre 1999 y 2008, lo que, unido al aumento del poder adquisitivo en este periodo y al mantenimiento del número de turistas en torno a los diez millones, permite aventurar que se ha producido un fuerte aumento de la demanda de productos agrarios en los últimos años. De esta manera, la conclusión de este primer acercamiento es que, mientras que la demanda se ha incrementado, la oferta y el grado de autoabastecimiento se han reducido.

 

Ahora lo que vamos a hacer es intentar conocer un poco mejor lo que hemos llamado la oferta del mercado agroalimentario (centrándonos en la oferta local y, en concreto, en el sector que cultiva los bienes agrícolas y ganaderos para su venta en las islas), y la demanda (en la que analizaremos cómo está organizada la distribución de los productos agrarios, así como los consumidores).

 

 

Del lado de la oferta.
Sector agrario canario orientado al mercado local

 

Una primera cuestión a reseñar es que, pese a lo que pudiera parecer debido a su escaso peso mediático frente a los cultivos de exportación, lo cierto es que la agricultura y la ganadería orientadas al autoabastecimiento suponen en torno al 60 % de todo el valor de la producción agraria regional (en la gráfica se observa que las producciones que acaparan la exportación, el plátano y el tomate, junto a las plantas ornamentales y flores, que destinan en torno al 20 % de su producción al mercado externo, suponen un 40 % del valor de producción agraria). Esta importancia es aún mayor si el análisis se realiza tomando como referencia la superficie cultivada. Entre la viña (que ocupa un 37 % de la superficie cultivada) y las frutas y hortalizas destinadas al consumo local (con un 29 % del total), se cubren los dos tercios de la superficie cultivada en las islas.

 

 

Sin embargo, como se reseñaba anteriormente, y al igual que ha ocurrido con la producción de exportación, en los últimos veinte años la superficie de cultivo no ha dejado de mermar. Caso a resaltar es el de la papa, cultivo de referencia en las islas y base de nuestra alimentación, cuya superficie cultivada ha pasado de 11.364 ha en 1985 a 4.261 en 2007, cayendo un 63 % en apenas dos décadas. Otros ejemplos son el pepino (que pasa de 366 a 241’6 ha en el mismo periodo), el pimiento (de 683 a 163’3 ha) o las leguminosas (de 1.314 a 362’8 ha). En el caso de la ganadería, lo más reseñable es la caída de la producción local de carne de vacuno, que se redujo de las 10.651 Tm en el periodo 1990-1992 a las 2.144 Tm en 2004-2006.

 

Entre las causas de esta caída en picado del sector se pueden aducir problemas de diversa índole: relacionados con la estructura de las explotaciones (como es el caso de su tamaño reducido, dado que el 94’2 % poseen menos de 5 ha, lo que imposibilita realizar algunas inversiones y obtener economías de escala); relacionados con el factor humano, envejecido (el 52’35 % tiene más de 45 años) y no suficientemente formado (el 48’72 % posee únicamente educación primaria); o relacionados con el alto coste en las islas de los insumos y los factores de producción (en el caso del precio de la tierra de cultivo, tomando los datos del año 2007, Canarias fue, con casi 80.000 €/ha, la comunidad autónoma con el precio medio más alto, triplicando el precio de Valencia, la segunda más cara). A estas causas se pueden añadir otras derivadas de la difícil convivencia de la actividad agraria con el turismo y la construcción, más planteada en términos de competencia desigual que de colaboración y beneficio mutuo. Con la connivencia, en gran parte de los casos, de ayuntamientos y demás administraciones, se han generado espirales especulativas vinculadas al negocio inmobiliario o a la gestión y uso del agua, que han distorsionado la toma de decisiones políticas, lo que ha llevado a priorizar el incremento de las arcas municipales a costa de decisiones más adecuadas desde el punto de vista social, territorial o económico en el medio y largo plazo. En esta tesitura, la actividad agraria ha sido una de las grandes perjudicadas.

 

 

De modo general, los motivos que hacen que unos abandonen la actividad y otros no la planteen como alternativa de vida pueden resumirse en dos: la falta de valorización y de reconocimiento por parte del conjunto de la sociedad (que motiva que, incluso en aquellos casos en que es posible obtener buenos réditos económicos, los jóvenes opten por otra actividad), y su falta de rentabilidad. En este segundo factor nos centraremos.

 

La rentabilidad de los cultivos, como la de cualquier otra actividad económica, depende de los ingresos que sea capaz de producir esa actividad y de los costes que se generen. En el caso de las islas, los costes de producción de la gran mayoría de los cultivos y de las explotaciones ganaderas, por cuestiones relativas a la estructura de las explotaciones, dependencia exterior para el insumo, escasez de agua (aspectos ya mencionados anteriormente), son mayores que en el resto del estado español. Sin embargo, si bien las acciones orientadas a disminuir estos costes deben ser parte de las líneas de actuación a aplicar en el sector primario, la realidad es que el principal argumento para explicar la falta de beneficios del cultivo se encuentra en el otro componente de la rentabilidad: los ingresos obtenidos por el productor por la venta de sus productos.

 

 

Antes de continuar desarrollando esta conclusión vamos a analizar la otra parte del mercado agroalimentario: la demanda.

 

Del lado de la demanda.
Intermediación y distribución. Consumidores

 

Si bien los consumidores son los destinatarios finales de los productos agrícolas y ganaderos, la realidad es que la distribución, así como el resto de intermediarios que participan en la comercialización y venta del producto, funciona como la verdadera demanda de estos bienes. Esto es así porque son los que negocian los precios con los productores y establecen las exigencias en cuanto a las características que debe tener el producto (calibre, tamaño, sistema de producción, homogeneidad...), las condiciones de presentación y envasado (en cajas, en bandejas o en envases de cuarta gama...), etc. Con el objeto de simplificar su heterogénea composición, y teniendo en cuenta el enorme peso que poseen dentro del mercado agroalimentario, analizaremos únicamente el papel de las entidades de distribución. Finalmente haremos una breve mención del colectivo de consumidores, que, con excepción de ciertas iniciativas que están alcanzando relevancia y resultados exitosos, sigue estando muy atomizado y escasamente organizado.

 

 

Tal como se pone de manifiesto en la gráfica de esta página, el 48 % del total de establecimientos comerciales existentes en Canarias pertenece a dos entidades comerciales. Si añadimos la tercera con mayor número de establecimientos, el resultado es que el 65 % del total de establecimientos está únicamente en tres manos, las cuales negocian con los productores de forma común para cada una de sus tiendas.

 

A nadie se le escapa que el poder de negociación que permite esta estructura de la demanda sitúa al colectivo de los productores, con menor capacidad económica y peor organizados, en una situación de fuerte indefensión. Como mostraremos posteriormente, el encuentro entre productores y distribución tiene como resultado un reparto injusto de los ingresos obtenidos por la venta de los productos.

 

 

En lo que respecta a los consumidores, si bien se podría esperar que jugasen un papel principal motivado por ser los que finalmente deciden qué y cómo consumir, lo cierto es que forman un colectivo poco organizado, siendo en Canarias escasas las iniciativas de organizaciones y asociaciones o de cooperativas de consumo. No obstante, cabe reseñar excepciones, como es el caso del grupo de organizaciones que, conjuntamente con COAG-Canarias, ha venido en los últimos dos años realizando una intensa labor de denuncia a través de campañas como ¿Quién se queda con lo que tú pagas?1, la elaboración de un índice mensual de precios de pago al agricultor y por parte del consumidor (Índice de Precios de Origen y Destino, IPOD), o la participación activa en las negociaciones entre productores y las cadenas de distribución. Fruto de esta colaboración se puede reseñar, por ejemplo, el acuerdo alcanzado recientemente por parte de COAG-Canarias y las asociaciones de consumidores de Gran Canaria con las principales cadenas comerciales presentes en el archipiélago, lo que ha posibilitado la venta de siete millones de kilos de papas de Gran Canaria (un 20 % de lo que se produce al año) en esta isla en apenas un mes y medio, recibiendo el agricultor el doble del precio que venía percibiendo, y reduciéndose en un 50 % el precio pagado por el consumidor. Para alcanzarse este acuerdo fue clave la participación de los representantes de los consumidores, además de la total implicación del cabildo de esta isla, que abre una senda de trabajo que debería ser igualmente abordada por el resto de instituciones cabildicias del archipiélago.

 

Interacción oferta-demanda, o en qué condiciones se negocia
la compra-venta de productos agrarios

 

 

Una vez presentados los agentes que participan en la cadena agroalimentaria, la intención en este epígrafe es mostrar en qué contexto se produce la venta de sus productos por parte de agricultores y ganaderos al sector de la distribución. Para ello nos apoyaremos en un esquema (mostrado en esta página) que ilustra las relaciones de poder de negociación de unos y otros, y que podemos llamar del “triple embudo”. Igualmente, se ha incorporado la fase de adquisición de insumos por los productores (y en concreto de fertilizantes y fitosanitarios), relación que presenta también una enorme desigualdad que perjudica al productor.

 

 

De una manera gráfica, este esquema representa la secuencia comercial del producto (con las etapas de Productor-Distribuidor-Consumidor), a la que hemos añadido, dado que repercute directamente en la rentabilidad del productor, la etapa de adquisición de insumo agrario. Esta representación se denomina “de triple embudo” y permite visualizar quiénes son los agentes de la cadena que poseen un mayor poder de negociación, y que por tanto establecen las condiciones en los intercambios. En este sentido, las partes estrechas de los embudos (las industrias proveedoras de insumos2 y la distribución) tienen “la sartén por el mango” en la relación con productores y consumidores (atomizados y menos organizados, representados por las partes anchas de los embudos). Esta capacidad de imponer condiciones en el mercado se encuentra, además, estimulada por la total falta de transparencia de los mecanismos de formación de los precios de los productos agrícolas y ganaderos en las islas, así como por la existencia de lagunas en el control sobre etiquetado y procedencia de los productos. Los bienes agroalimentarios están sujetos a normativas de identificación y de trazabilidad que vulneran los operadores comerciales de manera frecuente, y que generan indefensión al consumidor. En los puntos de venta, productos como la papa procedente del Reino Unido o Israel, son comercializadas como “del país” provocando hundimientos en los precios de mercado, impidiendo la venta de la producción local y suponiendo un engaño evidente para el consumidor. Este hecho es aún más grave en los casos en los que, como ocurre con las producciones tropicales que vienen de Latinoamérica, la importación se realiza infringiendo la normativa de control fitosanitario existente3, que prohíbe la entrada de producciones foráneas procedentes de países donde hay plagas y enfermedades de los cultivos no extendidas por el archipiélago. Basta darse un paseo por los mercados municipales de las capitales canarias para encontrarse, en los puestos, productos de contrabando como el “plátano macho” procedente de Sudamérica y Centroamérica, en cuyas plantaciones se encuentra, por ejemplo, la sigatoka negra, cuya propagación en las islas supondría la desaparición del cultivo de platanera. Es por ello por lo que, tanto por cuestión de salud pública como por impedir la perdida de la biodiversidad y evitar la eliminación de los cultivos, se debe poner coto a este tipo de prácticas.

 

 

IPOD JULIO 2009 PRECIOS CANARIAS

PRECIOS POR KILO

PRODUCTO

PRECIO ORIGEN

(€/kg)

PRECIO DESTINO

DIFERENCIA PRECIO

ORIGEN-DESTINO (*)

IPOD

MARGEN(**)

PAPA

0,16

1,51

9,44

IPOD

AGRÍCOLA

6,11

844 %

CEBOLLA

0,2

1,81

9,05

805 %

ACELGA

0,67

4,32

6,45

545 %

PUERRO

0,26

3,60

13,85

1285 %

REPOLLO

0,1

1,12

11,15

1015 %

JUDIA VERDE

0,82

2,07

2,52

152 %

CALABACIN

0,13

0,63

4,85

385 %

TOMATES ENSALADA

0,54

1,25

2,31

131 %

ZANAHORIA

1,09

2,26

2,07

107 %

PEPINO

0,21

1,17

5,57

457 %

LECHUGA

0,32

1,08

3,38

238 %

PLÁTANO

0,52

1,09

2,10

110 %

TERNERA 1ª

4,3

9,65

2,24

IPOD

GANADERO

2,02

124 %

POLLO

2,7

3,34

1,24

24 %

CERDO

2,38

7,43

3,12

212 %

CONEJO

3,4

6,07

1,79

79 %

HUEVOS (L)

0,8

1,82

2,28

128 %

LECHE VACA

0,63

0,92

1,46

46 %

Lechuga (€/ud); Pollo (€/kg canal); Huevos €/docena); Ternera (kg/filete); Cerdo (kg /filete)

IPOD GENERAL

4,74

(*) Diferencia Precio Origen-Destino: Este índice viene a indicar en cuántas veces se multiplica el precio de destino con respecto al precio de origen.

Por ejemplo: una diferencia de 3 significa que el precio de destino se ha incrementado 3 veces al precio de origen.

(**) Margen: Viene a expresar el margen que obtienen el resto de agentes de la cadena comercial excluyendo al productor.

Fuente de datos en origen:

Mercas de Gran Canaria y Tenerife

Fuente de datos en destino:

Mercadona, Alteza, Spar e Hiperdino zonas centro de Gran Canaria y de Tenerife.

 

Centrándonos en la relación Productor-Distribución-Consumidor, el resultado más visible de esta desigual relación se pone de manifiesto en las grandes diferencias existentes entre lo que paga el consumidor por un producto y lo que recibe el agricultor por el mismo. Veamos sobre estas líneas el Índice de Precios de Origen y Destino (IPOD) elaborado por COAG-Canarias para el mes de julio 2009.

 

El IPOD general para el mes tomado como ejemplo, julio de 2009, fue de 4’74. Esto supone que el pago que ha recibido el productor se ha multiplicado por 4’74 en la venta al consumidor, por lo que del precio de venta final medio el productor ha recibido únicamente el 21’1 %. Además, en algunos productos el diferencial alcanzó valores muy por encima de la media (hay que destacar el puerro, cuya variación entre origen y destino se multiplicó en ese mes por 13’85; el repollo, con un incremento de 11’15 veces más; y la papa, cuyo precio en origen fue de 0’16 €/kg, alcanzando el precio de venta 1’51 €/kg). Se debe reseñar además que, si bien se ha tomado este mes como ejemplo, los resultados mensuales medios no sufren grandes variaciones, situándose el IPOD general entre 3’75 y 5.

 

 

Para entender en qué medida este reparto desigual del precio final del producto viene explicado por la propia estructura del mercado agroalimentario, hay que señalar igualmente dos cuestiones esenciales: (1) La práctica totalidad de estos productos se consumen en fresco, tal como han sido entregados por los productores, por lo que no cabe imputar el incremento del precio a otros gastos complementarios (más allá de los habituales de transporte, gestión de los lineales y gastos generales de la distribución imputables al producto); (2) En los años 80, el productor recibía de media en torno al 50 % del precio final de los productos. De esta manera, en apenas veinte años ha reducido su cuota sobre el precio final en prácticamente 30 puntos, hasta el 20 % actual.

 

 

Esta situación tiene claramente dos damnificados. Por un lado, el consumidor, que observa cómo el precio que tiene que pagar por los productos agrarios se multiplica casi por 5, sin razón aparente, y envuelto en un clima de desinformación que le invita a preguntarse quién se queda con el dinero que está gastando. Por otro lado el productor, el cual ha visto reducir sus ingresos de tal manera que, en muchos casos, no le permiten ni cubrir los costes de cultivo. Por ejemplo, si tomamos nuevamente los datos de precios del IPOD del esquema y los cruzamos con datos de los costes medios de los cultivos, encontramos situaciones como la de la cebolla (cuyo coste de producción asciende a 0’60 €/kg y lo recibido por el productor a 0’20 €/kg); el calabacín (con un coste de 0’40 €/kg y un precio recibido de 0’13 €/kg); y la papa (con un coste de 0’40 €/kg, y un pago al agricultor de 0’16 €/kg).

 

El sistema de relaciones entre los agentes que participan de la comercialización de los productos agrícolas y ganaderos (unido a otros factores, algunos de los cuales hemos enumerado al comienzo de este artículo) tiene como consecuencia una pérdida continuada en los últimos años de la capacidad de autoabastecimiento en el archipiélago. Así, entre 1990-1992 y 2004-2006 se produjo una reducción en la cuota de mercado local abastecido por los productores canarios en todos los subsectores agrícolas y ganaderos excepto en la fruta y la miel4 (la primera explicada por la explosión de cultivos subtropicales, y la segunda porque partía de niveles muy bajos, siendo crucial para su crecimiento el apoyo de las administraciones). Destaca la pérdida de cuota de abastecimiento en hortalizas (-14’82 %), cereales (-65 %), carne (-14’83 %), huevos (-19’64 %) y leche (-27’19 %). Ello supone igualmente el aumento de la dependencia exterior de Canarias para su alimentación, así como el incremento de la subordinación, en lo que a política alimentaria se refiere, a las estrategias comerciales (sobre precios, calidades...) y dictados de las entidades de distribución que operan en las islas.

 

 

Marco general de ayudas y apoyo al sector

 

Para complementar el análisis de los ingresos obtenidos por los productores y la configuración del mercado de productos agrarios en las islas, se ha considerado interesante introducir, aunque sea de manera superficial, una mención a las consecuencias que el sistema de apoyos públicos concedidos al sector agroalimentario (y en concreto aquéllos otorgados en el marco de los programas de la Unión Europea, que suponen más del 90 % del total) ha tenido para el sector agrario de las islas.

 

Desde un punto de vista global, el sistema de ayudas comunitario y el marco de relaciones establecido entre Canarias y el resto de la U.E. ha favorecido en algunos aspectos al sector agrario, constituyendo un freno a su desarrollo en otros.

 

Así, el marco de ayudas existente ha permitido potenciar determinados sectores, mejorar las estructuras de producción y obtener ciertas mejoras en la organización de los productores. Sin embargo, cabe destacar igualmente algunos aspectos negativos relacionados, en la mayor parte de los casos, con el mal diseño de algunas medidas (como fue el caso de las ayudas del “Sobre Ganadero” y de algunas primas, cuya complejidad ha desincentivado la solicitud de los productores), y con la rigidez del sistema de apoyos establecido, cuya mala distribución de los presupuestos entre medidas, además de las dificultades para transferir fondos de una medida a otra, motivó que, por ejemplo, en el año 2007 se devolviesen a la U.E. más de nueve millones de euros (aproximadamente un 15 % del total).

 

La aplicación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), sistema de ayuda destinado a abaratar la importación de insumo y productos agrarios para su consumo en Canarias, ha tenido efectos catastróficos sobre el sector ganadero de las islas. Desde su aplicación en la campaña 1992-1993, el sector ganadero del archipiélago ha sido incapaz de hacer frente a una competencia fuertemente subvencionada, lo que ha provocado un importante reajuste en la producción de las islas. Las ayudas a la importación de quesos o a la mantequilla (540 €/Tm y 1.100 €/Tm respectivamente para 2007) suponen un apoyo a la importación muy superior al recibido por la cabaña ganadera local, lo que incide en los precios percibidos por los productores en el mercado y merma sus ingresos. Ello ha incidido igualmente en la perdida de cuota de mercado de aquellas producciones que han competido de manera directa con las introducidas en Canarias con ayuda del REA. La apuesta por la importación subvencionada que realizó en la década de los 90 la administración canaria, como vía para garantizar el suministro de alimentos a precios asequibles, especialmente de origen ganadero, ha resultado un rotundo fracaso, registrándose una de las cestas de la compra más caras de España5 y una perdida de peso del sector local que ha hecho al archipiélago más dependiente.

 

Además, el desequilibrio en el poder de negociación entre la oferta y la demanda agroalimentaria ha motivado que, en muchos casos, las nuevas ayudas obtenidas por los productores hayan sido absorbidas por la distribución, a través una reducción en el precio de pago de ésta a los productores por los bienes subvencionados. Este caso ilustra cómo las desigualdades señaladas en el mercado agroalimentario tienen también efectos negativos en la efectividad de las ayudas implantadas.

 

Conclusiones y pautas a seguir

 

Del análisis realizado en este artículo se pueden extraer, principalmente, dos conclusiones: a) el mercado agroalimentario presenta enormes diferencias en la capacidad de negociación de los distintos agentes, lo que motiva un reparto desigual e injusto de los ingresos obtenidos por los productos; b) la falta de transparencia de los mecanismos de formación de precios y algunas de las líneas de apoyo público contribuyen a mantener las disfunciones del sistema.

 

 

Para productores y consumidores, la manera de afrontar esta situación supone aplicar planteamientos similares. Su mayor capacidad de negociación pasa, ineludiblemente, por agruparse y establecer modelos de cooperación y gestión conjunta de los intereses comunes. En el caso de los productores, ello supone avanzar hacia modelos de gestión conjunta de la oferta y hacia una ampliación del abanico de sistemas de venta que les permita incrementar su porcentaje en el precio final de sus productos. Así, y conjuntamente con la búsqueda de acuerdos estables con las entidades de distribución, respaldados por un volumen de producción suficiente que les proporcione mejores condiciones que las obtenidas en la actualidad, es necesario que los productores exploren otras vías de venta directa al consumidor. Entre estas opciones, y junto a la creación de puntos de venta directa por parte de cooperativas y demás entidades, o la venta a través de mercados agrarios, se considera necesario explorar el uso de las nuevas tecnologías para la venta sin intermediarios. En el caso de Canarias, existen experiencias como las tiendas abiertas por las Cooperativas de Tejina y de La Candelaria (La Laguna) en sus propias instalaciones o el sistema de entrega a domicilio de productos ecológicos ideado por unos empresarios de las islas bajo el nombre de BioCaja, con resultados que hasta ahora son esperanzadores. Además, en un contexto en el que la calidad y la garantía de seguridad de los alimentos poseen cada vez más importancia, están apareciendo nuevas posibilidades de venta directa en las que los compradores de frutas, verduras, o cualquier otro producto agrario desean ponerle cara al productor de aquello que comen, para lo que los sistemas de venta por Internet6, en los que el agricultor muestra cómo produce o qué tratamientos utiliza, generan confianza y están dando muy buenos resultados.

 

 

En el caso de los consumidores, algunos movimientos a nivel mundial (Dieta de las 100 millas, Slow food, Huella ecológica7...) están poniendo de manifiesto la capacidad real de decisión que, si se es consciente y responsable, posee esta parte de la cadena agroalimentaria. Para ello, es importante incrementar en Canarias el peso y la participación de las asociaciones de particulares y fomentar figuras como las cooperativas de consumidores. Además, la colaboración con los representantes del sector agrario, partiendo de la base de que son las partes anchas del embudo (con amplio potencial para incrementar su capacidad de negociación conjunta, dado que uno es el que produce y el otro el que consume) debe fijarse como una prioridad.

 

 

Finalmente, y en lo que a las administraciones públicas del archipiélago se refiere, las líneas de acción deber ir dirigidas a atender dos prioridades:

 

• Incrementar la transparencia en el mercado agroalimentario, especialmente en lo que a mecanismos de formación de precios y abusos en la fijación de márgenes se refiere. Para ello, se considera necesaria la creación de Observatorios de Precios en los ámbitos insular y regional. Las funciones de estos organismos, en los que participarían, además de la administración, el resto de agentes de la cadena alimentaria (desde el productor al consumidor), serían, entre otras, las siguientes: a) llevar a cabo la recopilación y difusión de los precios pagados en cada una de las fases de la cadena alimentaria; b) realizar estudios y análisis específicos para productos de especial importancia en la cesta de la compra; c) adoptar medidas consensuadas en casos de crisis de precios en productos o sectores; d) búsqueda de acuerdos entre productores, consumidores y distribución que fomenten la producción local.

 

 

• Reorientar las políticas agrarias aplicadas en el ámbito del mercado local hacia una priorización de las producciones del archipiélago. Tal como se ha señalado anteriormente, la apuesta por la dependencia del exterior para la alimentación ha sido un rotundo fracaso, estando Canarias, a pesar del ingente apoyo a las importaciones, a la cabeza en los precios de la alimentación. Para ello es indispensable incorporar entre los ejes básicos de planteamientos y propuestas el concepto de soberanía alimentaria, entendiendo la misma como el derecho de los productores a seguir produciendo, de los consumidores a decidir qué desean consumir, y del conjunto de ciudadanos a definir las políticas de producción, distribución y consumo de los alimentos en su territorio. Dentro de este enfoque difícilmente cabe un sistema de apoyo a la importación con los volúmenes de ayuda unitaria y la extensa relación de productos que posee el REA actual.

 

Este nuevo modelo requiere que el Gobierno de Canarias, principal administración regional, reoriente su política alimentaria y apueste de manera clara por el incremento de las tasas de autoabastecimiento en las islas. Para ello es necesaria la definición de un marco legislativo y una política agraria con fines y líneas de actuación concretas, con objetivos y plazos cuantificados, con presupuestos acordes para cada actuación... La gestión actual, a pesar de su mejora en algunos aspectos con respecto a tiempos pasados, sigue pecando de indefinición y de falta de objetivos, no pareciendo tener muy claro ni el camino a seguir ni hacia dónde va.

 

 

Como ya reseñé anteriormente, el concepto clave en torno al cual estructurar una política alimentaria de futuro para las islas es el de Soberanía Alimentaria. Retomemos los cuatro puntos que serían los ejes de esta propuesta:

 

1. Derecho de los agricultores y ganaderos a seguir produciendo. Los productores son los protagonistas esenciales, sin los que la actividad agraria no es posible. En la actual situación, su mantenimiento sólo es posible si la labor que realizan es valorada, protegida y rentable. Ello debe quedar reflejado en regulaciones que faciliten un acceso preferencial a los factores de producción (especialmente en el caso del agua o la tierra, para los que existe una fuerte competencia con otros sectores como el turístico), el cumplimiento de la normativa de ordenación del territorio o el fomento de la incorporación de jóvenes a la actividad (con figuras como los bancos de tierra, su financiación a través de créditos preferenciales y avales...).

 

 

2. Derecho de los consumidores a decidir qué desean consumir. El concepto de Soberanía Alimentaria incorpora también al consumidor como parte esencial de una política agraria y sobre la alimentación. Para que su decisión sea consciente y responsable es necesario que, en lo que respecta a cuestiones como los orígenes, modos de producir o precios, las informaciones sean veraces. En el archipiélago, como ya hemos señalado a lo largo de este artículo, no siempre es así. Las líneas de actuación propuestas en este apartado serían: Incrementar el seguimiento y las acciones punitivas sobre las importaciones realizadas vulnerando la legislación existente sobre control fitosanitario, así como sobre los fraudes en etiquetado y trazabilidad de los productos; Hacer más transparentes los mecanismos de intercambio comercial, el establecimiento de márgenes comerciales y la formación de los precios (para lo que es indispensable la creación de los Observatorios de Precios); Impulsar la creación y el uso de certificaciones de calidad diferenciada (en torno al ICCA, Instituto de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias, se tiene que generar una actividad de formación y difusión que impulse la implantación de estos sistemas en las islas). Dentro de esta última línea de actuación, las producciones ecológicas y exentas de transgénicos tienen que ser priorizadas y fomentadas como elemento diferenciador de Canarias, vinculándolas a otras cuestiones como son la innovación, la compatibilidad ambiental y el bienestar animal, en el caso de la ganadería. Su impulso puede generar sinergias y ser un complemento de gran interés en la implantación de un modelo turístico vinculado al respeto de la naturaleza.

 

3. Reconocimiento del papel del sector agrario en la sociedad. Como consecuencia de ello, es necesario que se priorice esta actividad, de forma transversal, en el diseño y la aplicación de legislaciones en todos los ámbitos (normativas fiscales, laborales, sobre educación, energía...). También es importante la incorporación en los planes educativos de la valorización de la actividad agraria como materia prioritaria (relacionada con salud, alimentación, gestión del paisaje y el patrimonio, investigación...). Fruto de este reconocimiento sería el rediseño de los marcos de apoyo a los agricultores y ganaderos, primándose el papel que el sector agrario juega en cuestiones como la organización equilibrada del territorio, el paisaje, la fijación de población en zonas aisladas o el abastecimiento de producciones de calidad.

 

 

Para que este reconocimiento fuese efectivo, sería igualmente necesario incrementar la participación del sector en los ámbitos donde se toman las decisiones, lo que incluye la creación de consejos participativos permanentes, foros, seminarios, órganos de consulta...

 

4. Priorización de las producciones orientadas al mercado local. El último eje de esta propuesta para una política agraria y de alimentación para las islas es el de la priorización de los cultivos y actividades ganaderas destinadas a ser comercializadas en el archipiélago. Si bien Canarias posee una serie de cultivos tradicionalmente orientados a la exportación, que deben ser mantenidos e impulsados dada su importancia socioeconómica y su enraizamiento en las islas, una apuesta coherente por la soberanía alimentaria requiere priorizar las producciones destinadas al mercado interior. Ello debe tener reflejo en el diseño de las ayudas, en las políticas de promoción o en el impulso de actuaciones destinadas a la recuperación de semillas autóctonas y a la protección de la biodiversidad. Finalmente, y en lo que respecta al ámbito comercial, que ha centrado la mayor parte de este artículo, ello supone la apuesta, por parte de las administraciones locales y la regional, por modelos de venta directa y de cercanía (en lo que territorialmente y en la cadena de venta del producto se refiere). Además de ponerse de manifiesto esta prioridad en las líneas principales de sus políticas, las administraciones tienen que poner en marcha diferentes iniciativas, como por ejemplo el desarrollo de programas de promoción y distribución en colegios, hospitales y administraciones públicas de producciones locales, diferenciadas especialmente por modos de producción respetuosos con el medio ambiente.

 

 

Notas

1 http://www.coag.org/ (Ruta: Comercialización y mercados agrarios).

2 En 2008 Greenpeace señalaba que “Bayer (Alemania) Syngenta (Suiza), Monsanto (Estados Unidos), BASF (Alemania) y Dow Chemical (EU) comercializan el 75 % de los pesticidas en el mundo”. Esta estructura del mercado, similar a la existente para otros insumos como los fertilizantes o las semillas, pone de manifiesto una gran capacidad de estas entidades para imponer las condiciones de venta.

3 Consultar Orden de 12 de marzo de 1987 por la que se establecen para las islas Canarias las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales.

4 Véase: Nuez Yánez, Juan S.; Redondo Zaera, Manuel. “La balanza agroalimentaria de Canarias”. Hacienda canaria, nº 24 (2008), pp. 49-80.

5 Véase: XXI Informe Anual de Precios de Supermercados de la Organización de consumidores y usuarios (OCU) de 2009:

www.ocu.org.

6 Véanse por ejemplo los portales:

www.naranjaslola.com

www.recapte.com.

7 Para más información sobre los mismos se puede acudir a:

www.100milediet.org

www.slowfood.es

www.myfootprint.org.

 

 

 

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